Falta de una estrategia nacional sobre la inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y la preservación de los vegetales, y legislación sanitaria y fitosanitaria anticuada e incompleta;

Organismos normativos que carecen de recursos suficiente, personal calificado, infraestructura apropiada y capacidad adecuada de inspección, vigilancia y certificación;

Diálogo y cooperación insuficientes entre los sectores público y privado en cuanto a la formulación, aplicación y observancia de normas a nivel nacional y en cuanto a la estrategia aplicable a los mercados de exportación;

Falta de información sobre las prescripciones sanitarias y fitosanitarias de los mercados de exportación, tanto en el sector público como en el privado;

Problemas para obtener el reconocimiento internacional de zonas de producción libres de enfermedades;

Incapacidad para supervisar, administrar y comunicar datos sobre plagas de las plantas y enfermedades de los animales;

Insuficiente capacidad tecnológica del sector privado y gestión deficiente de las cadenas de suministro coordinadas (especialmente en las que intervienen pequeños propietarios); y

Falta de capacidad institucional para participar en las negociaciones sobre el acceso a los mercados, para suministrar datos destinados a las evaluaciones del riesgo en los países de importación y para ejercer sus derechos y obligaciones en el marco del Acuerdo MSF.